La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha visitado hoy la residencia de ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos) en Granada, donde ha reiterado la apuesta del Gobierno de la Junta por la integración social y la normalización de las personas con discapacidad y que se traduce en la futura Ley de Discapacidad.
Este centro, el primero en Andalucía especializado en la atención integral a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas severas, cuenta con 63 plazas concertadas con la Junta. Actualmente atiende a 30 personas aunque está previsto que se incremente próximamente a 62. El edificio cuenta con una superficie construida de 4.300 metros cuadrados en cuatro plantas y está dotada de todo tipo de servicios.
La residencia, funcionando desde hace un año, proporciona una atención integral y multidisciplinar, dando cobertura personalizada a todas las actividades básicas de la vida diaria, así como una atención especializada y servicios como asistencia médica y enfermera, gimnasio de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicosocial, comedor, zonas ajardinadas, cafetería, aparcamientos y zonas comunes de ocio.
En el centro, en el que trabajan casi cuarenta personas, se llevan a cabo talleres de estimulación cognitiva y sensorial, rehabilitación física y funcional, (equinoterapia y piscina), encuentros, talleres ocupacionales como por ejemplo manualidades, informática, salidas de ocio, además de actividades deportivas.
ASPAYM Granada es una entidad social sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que se inició hace 35 años por pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos y que cuenta con más de ochocientos socioss en las provincias de Granada, Jaén y Almería.
Ley de Dispacacidad
La futura Ley de Discapacidad contempla, entre otras medidas, un Plan de Empleabilidad específico que permita reducir la tasa de paro que sufre este colectivo y que establezca medidas concretas de acción positiva, tales como la obligación de reservar el 3% de las plazas de cursos de formación organizados por la Junta a personas con discapacidad y, al menos, el 5% de las plazas en programas de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Además, la reserva del 7% de plazas en las ofertas públicas de empleo de la Junta se complementará con la obligación de que dichos puestos de trabajo estén adaptados, así como las dependencias y los equipamientos necesarios para su desarrollo.
Sánchez Rubio, que ha puesto en valor la atención sanitaria y social integrada que se ofrece en Andalucía, ha recordado igualmente que el compromiso de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía es “profundizar en la autodeterminación y el empoderamiento de este colectivo,” que representa el 10% de la población total andaluza. La consejera en funciones ha reafirmado la apuesta de la Administración autonómica por “favorecer la inclusión, participación y desarrollo de esta parte de la ciudadanía a través de una acción transversal y bajo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”.
